La detención, por agentes de la Policía Nacional, de los cinco empleados municipales que desempeñan funciones de técnico electricista en Ciutadella, acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos, ha causado gran sorpresa. Al mismo tiempo ha abierto el debate sobre el control de quienes desempeñan funciones en las brigadas municipales así como los materiales que utilizan y gestionan, costeados con recursos públicos.
La investigación policial por la venta de cable de cobre de procedencia ilícita -presuntamente adquirido por el municipio- debe depurar responsabilidades. Corresponderá al nuevo equipo de gobierno municipal de Ciutadella la adopción de medidas para evitar que se repitan hechos similares. Cada ayuntamiento debe contar, además del comité de empresa, con un jefe de personal que desempeñe con rigor sus funciones para garantizar la eficacia en la gestión pública, la calidad de los servicios municipales, y la atención a los ciudadanos.
Ello implica la vigilancia de los absentismos, unos horarios racionales, la organización de los turnos y la gestión acertada de unos recursos humanos que son costeados por todos.
