Editorial10/09/15 0:00
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Cuando aún no se han cumplido los primeros cien días de gestión, Podemos ya ha planteado varias discrepancias con el Govern, lo que hace presagiar una legislatura marcada por la inestabilidad institucional. La política de nombramientos, la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la insuficiente rebaja en el sueldo de los altos cargos han provocado las primeras fricciones entre PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca -que integran el Govern- y Podemos, que votó a favor de la investidura de Armengol pero no forma parte del Govern.

Esta incipiente tensión revela una falta de delimitación de responsabilidades entre los integrantes del pacto. Es pronto para determinar si estos reproches son escarceos para las elecciones generales de diciembre, pero la actitud de Podemos debilita el acuerdo de gobernabilidad suscrito tras las elecciones de mayo. La formación que encabeza Alberto Jarabo no puede desmarcarse y arrogarse el papel de fiscalizador del Govern en su propio beneficio, entre otras razones porque desempeña cargos institucionales relevantes que le obligan a asumir su cuota de corresponsabilidad política.