La detención del expresidente del PP-Valencia, Alfonso Rus, como cabecilla de una -todavía supuesta- trama de corrupción política en la comunidad valenciana tiene una gran repercusión política. En el actual momento de incertidumbre sobre la formación del nuevo Gobierno, este escándalo lastra las aspiraciones de Mariano Rajoy para lograr su investidura. La existencia de una red corrupta de financiación ilegal o paralela dificulta gravemente cualquier alianza política con el PP.
Además de Rus, han sido detenidas en esta operación otras veintitrés personas, entre ellas la exalcaldesa Rita Barberá; todas vinculadas al cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas. Unas «mordidas» destinadas a financiar esta formación política.
Las consecuencias políticas de este nuevo episodio de financiación ilegal del PP, destapado en Valencia, se extienden hasta Madrid y condicionan las opciones del PP para formar gobierno. La dirección de este partido debe reaccionar y dar respuestas convincentes. Apelar al rigor jurídico para exculpar a los militantes vinculados a esta nueva trama delictiva no se sostiene y pone de manifiesto el alcance de las sospechas.
