El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha culpabilizado a las comunidades autónomas de buena parte del desvío en las previsiones del déficit público, que alcanzó el 5,1 por ciento del PIB de España durante el 2015. Las afirmaciones del ministro en funciones han suscitado una gran controversia y los responsables económicos de las autonomías han criticado la versión de Montoro.
No son solo las autonomías quienes han incumplido los compromisos de ajuste, porque la Seguridad Social también sobrepasó con creces el límite del 0,6 hasta alcanzar el 1,2 por ciento del PIB. La indignación de las comunidades autónomas está justificada, porque deben garantizar los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. Las demandas que generan estas prestaciones son inaplazables, lo que ha obviado Montoro.
El discurso de este ministro en la prórroga del mandato Gobierno Rajoy motivada por los resultados del 20-D resulta inaceptable. El tono amenazante sobre las represalias que aplicará constituye una evidente falta de respeto a las autonomías, castigadas por la subordinación financiera al Estado.
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