La pobreza energética es una de las consecuencias de una crisis que ha obligado a buscar soluciones para la población afectada por la falta de servicios básicos. Endesa ha firmado acuerdos con los ocho municipios de Menorca para garantizar el suministro eléctrico a quienes se encuentran en situación de precariedad. El Govern promueve un fondo de rescate, una idea en fase embrionaria para la que busca la complicidad de las grandes empresas suministradoras de energía.
La norma aprobada por el Parlament de Catalunya para actuar en esta materia ha motivado un conflicto de competencias que deberá resolver el Tribunal Constitucional. Catalunya planteaba un aplazamiento de pagos y no una condonación de la deuda. Habrá que superar los escollos legales para garantizar el abastecimiento de electricidad y gas a toda la población. Caritas advierte que la recesión provoca una cronificación de los problemas, lo que obliga fijar prioridades en la atención social. La mejora de algunos indicadores económicos no significa que esté resuelta la situación de dificultad de familias y ciudanos que no pueden pagar las facturas de gas y electricidad.
