Los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán son procesados por un presunto delito de prevaricación al que se añade otro de malversación en el caso de los ERE para Griñán. Entre los acusados también aparecen siete exconsejeros de la Junta de Andalucía, imputados por estos ilícitos penales. En total, la cifra de cargos públicos procesados se eleva a 24.
La principal conclusión de la instrucción de este caso de corrupción consiste en que, desde la propia Junta, se gestionaba una trama para eludir los mecanismos de control, lo que permitió el reparto arbitrario de 854,8 millones de euros. Esta cifra solo se refiere a la primera pieza del caso. Se hizo caso omiso a los informes que advertían sobre la ilegalidad de las subvenciones concedidas.
El procesamiento de Chaves y Griñán supone un problema añadido apra el PSOE, cuyas aspiraciones electorales pasan por un buen resultado en Andalucía. Pedro Sánchez considera que los dos expresidentes han asumido sus responsabilidades políticas al haber dimitido como senadores y Susana Díaz avala su inocencia. Un guión que ahonda en la desconfianza de los ciudadanos.
