Editorial25/07/16 0:00
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El manifiesto incumplimiento, por parte del Govern balear, de sus propias normas, como es el límite de garantía del depósito de las fianzas de los alquileres que gestiona el IBAVI (Institut Balear de la Vivienda), que asciende al 20 por ciento, debe ser explicado y corregido con urgencia. Es inadmisible que, de forma opaca, los diferentes gobiernos autonómicos –desde 2009 hasta ahora- hayan utilizado estos fondos como un complemento financiero para, incluso, exceder los márgenes legales autoimpuestos. Casos como este provocan la lógica desconfianza de los ciudadanos, al constatar que la Administración vulnera sus normativas con total impunidad.

El 'mordisco financiero' al depósito de estas fianzas por alquileres en Balears resulta excesivo, porque de los 73,3 millones de euros que tendría que haber al inicio del 2016, solo se contabilizan hoy 11,07 millones. Como mínimo tendría que haber 14,6 millones.

No es admisible que los gestores públicos acomoden las normas a su conveniencia, pero lo que resulta inadmisible es que se acepte su incumplimiento, sin más, una prerrogativa que nunca puede aplicar el administrado –sujeto pasivo para las administraciones- sin ser sancionado. La mala financiación de Balears no puede constituir la excusa ni el pretexto para justificar trasiegos que vulneran la legalidad y son motivos claros que los justifiquen.