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El Ministerio de Medio Ambiente reclama al Govern la devolución de los 20 millones de euros, cantidad a la que asciende el rescate que pagó en diciembre del 2015 por la desaladora de Ciutadella, una instalación iniciada en 2005 y terminada en 2011 que, sorprendentemente, aún no ha entrado en servicio. Mediante una resolución del secretario de Estado de Medio Ambiente, el 26 de octubre pasado, cuando el Gobierno central estaba en funciones, el ministerio reclamó al Govern balear estos 20 millones.

En mayo pasado el Ejecutivo autonómico había firmado la recepción de la desaladora, pero el acuerdo incluye una cláusula por la que Fomento podía reclamar -como ha hecho cinco meses después- la cantidad abonada a Acciona, empresa que construyó la planta.

La reacción del Govern, al conocer la exigencia de Madrid, ha sido de malestar y desacuerdo, al considerar que incumple el acuerdo político entre ambas administraciones, porque la Comunidad Autónoma asumirá los costes de conexión. Es preciso reconducir esta cuestión para evitar la devolución de este rescate y lograr que, de una vez por todas, entre en funcionamiento la desaladora.