La decisión de prohibir totalmente el alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares de Palma, anunciada ayer por el concejal de Urbanismo y próximo alcalde Antoni Noguera (Més), han provocado una gran confusión e incrementado la demonización de una actividad con un gran impacto económico y social. Esta medida ya está en vigor, en aplicación de la denominada 'ley Delgado'.
Noguera ha pretendido dar un golpe de efecto al sumarse a la ofensiva contra el alquiler turístico, pero con escasa capacidad práctica, empezando por las posibilidades que ofrece la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. El proyecto sobre el alquiler turístico que redacta el Govern aún no ha iniciado el trámite parlamentario y el teniente de alcalde de Urbanismo de Palma no sabe si su propuesta obtendrá la mayoría política para salir aprobada. Ha faltado sensatez y serenidad en un tema que afecta a miles de familias.
El alquiler turístico precisa de un marco regulador por su trascendencia como complemento de rentas familiares razonables y su demanda como alojamiento alternativo en Balears. El freno debe ponerse a las maniobras especulativas de grandes inversores.
