El proyecto de ley de Presupuestos del Estado que tramita el Congreso de los Diputados incluye una disposición que deja en el aire la continuidad de miles de trabajadores públicos. En Balears son unos 12.000.
El texto legislativo establece un máximo de tres años para que una plaza sea interina en la Administración pública. De aplicarse esta disposición, impediría la prestación de numerosos servicios. También es cierto que los actuales índices de interinidad resultan inadmisibles y hay que dar más estabilidad de las plantilla. Las ofertas públicas de empleo servirán para que muchos de los actuales interinos adquieran la condición de funcionarios de pleno derecho. Un proceso bloqueado durante años que ha provocado llegar a la jubilación con la condición de interino.
La cuestión de fondo consiste en determinar el mayor grado de eficiencia de quienes cobran su salario a costa de los contribuyentes. Un ejercicio siempre pendiente, por su complejidad y repercusiones.
La propuesta del ministro Montoro plantea la equiparación entre el sector público y la empresa privada. ¿Logrará la Administración reducir la precariedad sin recortar servicios?
