El gobierno municipal de Sant Lluís respondió ayer con silencio y evasivas a la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso de Palma que anula la adjudicación del Geriátrico a la empresa Centre Secretari Coloma. Al mismo tiempo condena al Ayuntamiento a indemnizar a Serveis Socials BB Serveis con 325.000 euros, cantidad que corresponde al seis por ciento del beneficio industrial que había ingresado en caso de haber obtenido el contrato anulado.
BB Serveis, que había obtenido más puntuación y logró mejor valoración que la adjudicataria, impugnó primero esta adjudicación y al persistir el Ayuntamiento de Sant Lluís en su decisión, optó por acudir a los tribunales. El litigio, iniciado en 2012, se cierra ahora con este nuevo vaparalo judicial para las arcas municipales de Sant Lluís, que debe afrontar otras elevadas indemnizaciones. El actual equipo de gobierno local, del que forma parte el exalcalde Llorenç Carretero, antes el PSOE, hoy en el PI, que aprobó esta irregular adjudicación, no puede dar la callada por respuesta. Es el momento de reclamar explicaciones y reclamar responsabilidades. Y la primera que debería exigirlas es la alcaldesa Montserrat Morlá.
