Editorial08/09/17 0:00
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La aprobación de la ley del referéndum que plantea la independencia de Catalunya y de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana -en votaciones en las que se han negado a participar Ciudadanos, el PSC-PSOE y el PP- ha puesto de manifiesto la profunda división política y social que provoca el proceso independentista. El desafío al Estado de los partidos secesionistas obtiene la respuesta del Tribunal Constitucional, que anuncia la suspensión de estas leyes y las querellas de la Fiscalía contra la mesa del Parlament y el Govern de la Generalitat. El Colegio de Letrados de la Administración de Justicia advierte que no cumplirá órdenes que deriven de normas inconstitucionales.

La mayoría soberanista del Parlament catalán ha forzado y retorcido el marco jurídico con reglamentos propios para convocar un referéndum que Rajoy insiste en que no llegará a celebrarse. Los independentistas desoyen las advertencias de ilegalidad mientras aumenta la tensión y la crispación. Es el momento del diálogo, del seny y del pacto; de la política en mayúscula, pero siempre desde el respeto a las leyes y al Estado de Derecho. En caso contrario no será posible el acuerdo.