Editorial10/09/17 0:00
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El archivo judicial del 'caso Minerval' -aunque tiene carácter provisional- descarta la existencia de engaño o estafa por parte del profesor de la UIB y principal investigador de la molécula suministrada a enfermos, en su mayoría pacientes terminales, afectados por tumores cerebrales agresivos. La decisión del juez también ordena poner en conocimiento de la Agencia Española del Medicamento la posible comercialización fraudulenta del producto como medicamento, por si procede abrir un expediente administrativo.

Todo apunta a que la Universitat de les Illes Balears actuó con precipitación e incluso con imprudencia en un tema que cuestionó a uno de sus equipos investigadores. Transmitió un comportamiento ilícito a costa de los enfermos de cáncer.

En pleno proceso para elegir al rector, la UIB recibió críticas por una supuesta pasividad cuando surgieron lo que no dejaron de ser sospechas. Ante la alarma social, la institución académica se personó en la causa. Ahora, archivado este caso cabe preguntar si la UIB actuó correctamente cuando se sumó al escándalo, que ha causado un daño personal directo a los investigadores Pablo Escribá y Xavier Busquets.