El Consell no puede demorar el pago de la indemnización derivada de la sentencia del 'caso Princesa Son Bou' que, con los intereses, asciende al menos a 6 millones de euros. Tiene su origen en el Plan Territorial Insular aprobado por PSOE, PSM y EM-EU en 2003, que incluyó el esponjamiento de esta zona turística y también provocó la 'sentencia Cesgarden', con un coste de 29 millones de euros para la tesorería de la institución insular.
A pesar de que en abril de 2016 el actual gobierno tripartito del Consell concluyó que no debía indemnizar a Princesa Son Bou, los hechos posteriores han confirmado que el Consell se equivocó al presentar un recurso sin argumentos ni recorrido procesal que no prosperó en sede judicial. La demora en el pago ha incrementado los costes de los intereses que, al final, acaban pagando todos los menorquines. En política, cuando se manejan recursos públicos, hay que extremar la diligencia, el rigor y la seriedad. Hay que asumir responsabilidades y comprender que proteger tiene un elevado coste. Ahora deberá determinar el Consell de dónde obtiene los recursos para indemnizar a Princesa Son Bou. Sea como fuere, implicará una reducción de las inversiones.
