La primera oleada de inspecciones del Govern en las viviendas de protección oficial ha detectado numerosos casos de fraude. La mitad de las actas constata graves irregularidades en estos inmuebles que han gozado de ayudas públicas y ven limitado su uso. Pero el Ejecutivo autonómico no ha ejercido ningún control durante décadas, una grave dejación de responsabilidades que ha generado una dinámica de infracciones.
No se puede demorar por más tiempo una actuación contundente para evitar que los pisos subvencionados se conviertan en Balears en productos inmobiliarios especulativos. Estas viviendas cuentan con importantes ventajas fiscales, alquileres intervenidos y precios de venta subvencionados. En consecuencia, propietarios e inquilinos están obligados a cumplir unas normas que las inspecciones han revelado son burladas e infringidas sistemáticamente.
Por ejemplo, pisos que han dejado de ser vivienda principal, casos de alquiler turístico, venta a precio de mercado libre... Hechos fraudulentos que deben ser erradicados. La futura Ley de Vivienda que prepara el Govern ha de ser el instrumento para acabar con estas infracciones e irregularidades.
