La investigación judicial por un presunto delito de revelación de secretos en el ‘caso Cursach’ ha motivado la incautación, por la Policía Judicial, de los teléfonos móviles y ordenadores de periodistas de la agencia Europa Press y de Diario de Mallorca. Esta insólita actuación, ordenada por el juez y con el aval de la Fiscalía, persigue identificar y exigir responsabilidades a los funcionarios que filtraron a los medios de comunicación datos de un sumario secreto. Por tanto, pudieron cometer un delito.
Lo sorprendente de las pesquisas consiste en obtener la revelación de las fuentes de los periodistas. Estas decisiones han sido recibidas con preocupación y perplejidad al tratar de identificar las fuentes, un componente nuclear y sustancial de la actividad periodística.
Nos hallamos ante una colisión de derechos, al estar consagrados los derechos a la información veraz, a la intimidad y al secreto profesional; y, por otra parte, la acción de la Administración de Justicia para esclarecer una acción delictiva, la filtración de autos y resoluciones bajo secreto de sumario antes de ser notificadas a las partes. Se impone la ponderación para actuar con eficacia sin vulnerar derechos constitucionales.
