Esta semana ha quedado suprimido en Balears el copago de medicamentos, una medida que anunció el Govern del Pacte al principio de la legislatura. Una prestación que eliminó el anterior Govern del PP en los años de recortes por la crisis. También se ha recuperado en este mandato la tarjeta sanitaria para los inmigrantes ilegales. Decisiones no exentas de polémica cuando se debate la sostenibilidad del estado del bienestar.
Suprimir el copago farmacéutico supone reducir los gastos de miles de pensionistas que perciben exiguas pagas, pero la medida se aplica con carácter universal porque solo excluye a quienes perciban rentas superiores a los 100.000 euros anuales. ¿Está el sistema en condiciones de soportar la ausencia de una contribución, una cantidad mínima, en la adquisición de medicamentos? La gratuitad total supone un agravio para quienes cobran unos centenares de euros frente a otros con pensiones más generosas. Buscar una fórmula equilibrada era el camino más sensato, aunque menos espectacular. Los grandes acuerdos quedan fuera de las agendas de los responsables institucionales, siempre más preocupados por el impacto electoral de sus decisiones.
