El juicio, en el Tribunal Supremo, de los políticos y activistas encausados por el ‘procés’ independentista de Catalunya, que incluyó la fallida consulta del 1 de octubre de 2017, sitúa al sistema judicial de España en el centro de atención internacional. Un juicio de enorme relevancia, sobre cuya cuestión de fondo la mayoría de ciudadanos ya tiene una idea concebida, a favor y en contra, sobre la responsabilidad de quienes deben afrontar las gravísimas acusaciones que pesan sobre ellos.
Lo trascendental será el veredicto, porque la sentencia deberá aportar sólidos argumentos jurídicos que justifiquen la decisión de los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, tanto si es de culpabilidad como de inocencia en los delitos que se van a juzgar: la rebelión y la sedición. La contundencia del fallo debe acallar las críticas a la instrucción del caso entre quienes ven un trasfondo político y quienes concluyen que se ha sofocado un intento de golpe de Estado secesionista. La interpretación de diferentes tribunales europeos ha sido claramente divergente. La batalla de fondo que se libra en este juicio histórico por el ‘procés’ catalán es la credibilidad de unos y otros ante la opinión pública.
