El Govern ha cerrado el expediente informativo abierto a Red Eléctrica de España por el «gran apagón» de octubre del año pasado eximiendo a esta empresa de la responsabilidad de asumir el coste de las compensaciones a los miles de afectados en la Isla. El argumento es que existió una causa de fuerza mayor, el cap de fibló, con unos daños imprevisibles. Por su parte, la empresa estatal considera que la reparación de las líneas y la restitución del servicio de alta tensión se llevó a cabo en tiempo récord.
Es normal que los ciudadanos que resultaron perjudicados por un apagón de 56 horas, y que acudieron a la oficina de Consumo de Ciutadella para reclamar, se sientan decepcionados por la forma en que se ha resuelto este expediente. Sobre todo porque los daños son una consecuencia de que no estaba en servicio el cable que nos unía con Mallorca, como una garantía básica del suministro eléctrico. Y no existía debido a otro accidente, sin embargo la responsabilidad no se ha de atribuir al infortunio, sino a quienes tienen la obligación de ofrecer a los ciudadanos la infraestructura que garantiza su calidad de vida. El Estado es por tanto responsable final del servicio y de atender las reclamaciones de los afectados.
