Resulta llamativo que el Gobierno central socialista haya tramitado hasta doce advertencias de inconstitucionalidad sobre iniciativas legislativas de Balears en un año frente a las ocho que realizó, durante los tres años que duró la pasada legislatura, el Ejecutivo conservador de Rajoy.
Lo más sorprendente de la actitud de Madrid es que los reparos de constitucionalidad afectan, también, a las iniciativas más progresistas como la lucha contra el cambio climático o la restricción en el uso de los plásticos. Estas propuestas normativas, además, son coincidentes con las indicaciones que en materia de política medioambiental realiza la Unión Europea.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha tratado de minimizar los reparos planteados desde la Abogacía del Estado sobre los textos autonómicos. En su opinión se trata de meras cuestiones técnicas. Sin embargo, el alud de advertencias de inconstitucionalidad que se plantean desde el Gobierno son, en definitiva, amenazas al desarrollo de importantes proyectos legislativos del Govern que acaban cercenados.
Hay, sin duda, una dirección política en la Abogacía del Estado que debe replantearse si se quiere evitar un frente más para la reforma de la Constitución que se reclama desde distintos sectores políticos y sociales del país. La actitud actual no ayuda.
