Editorial07/12/19 0:00
TW

La presidenta del Govern, Francina Armengol, propugnó ayer la reforma de la Constitución de 1978 para que «aborde de forma valiente condicionantes como la insularidad». El hecho insular, que provoca sobrecostes y resta competitividad a la actividad económica de Balears, ya está reconocido en el artículo 138 de la ‘ley de leyes’ al establecer que «el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular al hecho insular». Esta circunstancia geográfica quedó definida en la Ley del Régimen Especial de Balears, aprobada en 1988, como «un conjunto de factores que provocan un desequilibrio, que ha de ser contrarrestado mediante la acción del Estado».

Esta, y no la reforma de la Constitución, es la cuestión nuclear: exigir con valentía y decisión política al Gobierno del Estado para obtener las compensaciones que precisan las Islas destinadas a reducir el coste de la insularidad. Balears cuenta con 15 parlamentarios en Madrid que deben reclamar una reivindicación que corresponde liderar al Govern. Los instrumentos legales existen, se trata de aplicarlos y dotarlos con presupuesto para compensar los costes de insularidad. ¿Existirá Balears durante esta legislatura?