El presidente del TSJB, Antoni Terrasa, anunció ayer la reanudación de la actividad en la administración de Justicia tras la paralización que ha significado el estado de alarma. Han sido 83 días en los que han quedado paralizados los plazos de los distintos procedimientos, una prolongada cuarentena en la que cabe suponer que aflorarán multitud de nuevos casos con la reactivación de los juzgados. Además, Terrasa destaca la incorporación de nuevos protocolos adecuados a la prevención de la covid-19, lo que supondrá la incorporación de la telemática a los procedimientos judiciales.
El propio Terrasa reconoce la preocupación del TSJB por el incremento de la litigiosidad en esta etapa final del estado de alarma, una advertencia que se añade al colapso crónico de la Justicia en Balears. Cabe preguntarse cómo se resolverá el nuevo escenario en el que se pretenden reducir los trámites presenciales, siempre en favor de la aplicación de las nuevas tecnologías. Además de un modelo farragoso, los jueces deben hacer frente a un incremento exponencial de asuntos sin que apenas se amplíen los medios técnicos y de personal disponibles.
Es cierto que hacen falta corregir hábitos ineficientes, pero la esencia del problema es la necesidad de dotar de las infraestrcuturas necesarias para poder atender el volumen de trabajo generado. Terrasa ha sido constante en sus reclamaciones, quizá tanto como la pasividad del Ministerio de Justicia en atenderlas.
