El Congreso de los Diputados aprobó ayer el inicio de la tramitación parlamentaria de un tributo que gravará con el 3 por ciento determinados servicios digitales, como la publicidad y los servicios de intermediación on line. Este impuesto, con el que el Gobierno pretende recaudar alrededor de 1.000 millones de euros, está dirigido a las grandes empresas del comercio en internet, como son Facebook, Google, Apple y Amazon con una facturación anual superior a los 750 millones de euros.
El pasado mes de enero, Francia congeló la aplicación de la llamada ‘tasa Google’ para evitar el incremento de los aranceles a la importación de productos galos con los que amenazaba la Administración norteamericana. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció el carácter «provisional» de la iniciativa española a la espera de la aprobación de un reglamento internacional o en su defecto en el ámbito de la UE.
El principio de oportunidad obliga a ser cautelosos sobre la efectividad de la ‘tasa Google’, sobre la que es razonable exigir su aplicación para evitar gravosas situaciones de competencia desleal para las empresas con sede en España. La cuestión es el cómo se aborda esta iniciativa, condenada al fracaso si se plantea de manera unilateral. La presión eficaz, el bloque, está en la UE; lo contrario es un brindis al sol.
