TW

La consellera de Movilidad, Francesca Gomis, comunicó ayer la decisión de encargar la redacción de un nuevo proyecto de reforma del tramo de Alaior a Maó de la carretera general, que mantenga el puente de L’Argentina, y elimine el de Rafal Rubí. Para poder dar este paso ha sido necesario aprovechar el decreto de medidas urgentes por la covid-19, que podría ser modificado al tramitarse como ley, para conseguir «una seguridad jurídica» al tener que demoler una obra financiada con dinero público. La protección del paisaje es el argumento que introduce el decreto para facilitar la demolición del puente.

El camino a recorrer a partir de ahora no está exento de dificultades. Hay que rescindir el contrato con la empresa que estaba redactando el proyecto y convocar un nuevo concurso. El Consejo de Ministros no ha aprobado la addenda al convenio de carreteras y el Consell debe afrontar el pago de las obras a la espera de recuperar la inversión. Lo importante es que la optimista previsión de la consellera de volver a la obra en un año se llegue a cumplir. Si es así, se cumplirán seis años de parálisis de la obra pública más importante.