La Abogacía del Estado ha alegado contra el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Parlament -gracias al voto del PI, PP, Més y Ciudadanos- al no haber incluido el factor de insularidad en los Presupuestos Generales de este año. El Estado afirma que este incumplimiento no es inconstitucional y que no está obligado a compensar los sobrecostes de insularidad de Balears, a pesar de que así lo determinan el Estatut d’Autonomia y el decreto ley del Régimen Especial aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2019, presidido por Pedro Sánchez. Un decreto que PSOE y PSOEaún no ha aplicado desde el Gobierno central. La presidenta del Govern, Francina Armengol, se limita a manifestar que «sigue abierta la presión política para el desarrollo del Régimen Especial» y critica el recurso de inconstitucionalidad, que no apoyaron PSOE, Podemos y Vox en el Parlament. Los abogados del Estado acusan de «deslealtad» a Balears por reclamar lo que le corresponde e invocan la comisión bilateral que debe decidir las inversiones estatales para las Islas. Pero corresponde al Gobierno convocar esta comisión y ya ha dicho que no la reunirá hasta el 2022. ¿Quién es desleal e incumple?