La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño (PSOE), insta a acelerar la reforma laboral antes de acabar el año para recibir los fondos europeos, pero elude hablar de la derogación del marco que rige actualmente las relaciones laborales, aprobado por el Partido Popular en julio de 2012.
Al mismo tiempo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), califica de ‘fetiche político’ la reforma, dice que el Gobierno «suprimirá algunos aspectos» y afirma que «técnicamente» no se puede eliminar la norma de manera completa. No será anulada tras renunciar el Gobierno a limitar al 15 por ciento la contratación temporal.
Tampoco prevé tocar la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente, que pasó de 45 a 33 días, que provocó una gran protesta de los sindicatos y partidos de izquierda contra el Gobierno del PP. El Gobierno Sánchez no puede seguir enredado en juegos semánticos porque, además de su credibilidad, se juega los recursos de la UE para el Plan de Recuperación. Ha de cerrar un pacto a cuatro bandas: PSOE, Unidas Podemos, empresarios y sindicatos, porque está en juego la reactivación económica y la reducción de la precariedad laboral.
