La necesidad de definir un nuevo modelo de financiación autonómica, una acuciante reivindicación que no se afronta ni resuelve, ha abierto un amplio debate entre los gobiernos regionales. Ayer, convocados por el presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, ocho comunidades –Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja– defendieron una propuesta que favorezca la llamada ‘España vacía’; zonas con poca población en territorios extensos, lo que encarece y dificulta la prestación de los servicios públicos.

En el extremo opuesto se sitúa Balears, que reclama la compensación necesaria para atender a una gran población flotante. Balears soporta gastos en sanidad, red viaria y depuración de aguas –por citar solo tres ejemplos– que no computa para obtener fondos estatales. El Régimen Especial de Balears viene a paliar el    agravio financiero de las Islas, pero el problema de fondo sigue vigente. Es preciso alcanzar un acuerdo global que evite las enormes diferencias que sufren algunas comunidades respecto a otras, beneficiarias de grandes inversiones estatales. Tan legítimas son las exigencias de la ‘España vacía’ como las de aquella que reciben a millones de visitantes que generan pingües beneficios al Estado. Es preciso encontrar el punto medio que resuelva la viva tensión interterritorial del país.