Las aportaciones de Balears al fondo de solidaridad autonómico sumaron casi los 3.000 millones de euros durante la pasada década. El actual sistema de financiación -aprobado en 2009 por el PSOE y la abstención del PP- castiga y discrimina al archipiélago.

Balears nunca ha cuestionado su aportación al conjunto del sistema para igualar las prestaciones en todas las comunidades, pero resulta inadmisible que se haya llegado a un punto en el que los servicios públicos sean de peor calidad que en el resto del Estado. No es casual, por ejemplo, el éxito de la sanidad privada o el número de vehículos particulares. Es la reacción ante la falta de respuesta de las administraciones. Sin recursos es imposible atender las necesidades de una población con un alta tasa de crecimiento.

Balears se viene quejando al salir perjudicada, desde hace años, pero todo sigue igual. Los problemas de las Islas son muy específicos y merecen un tratamiento personalizado en el futuro modelo de financiación. Los criterios que se aplican desde 2009 han acabando generando una situación de castigo, a las instituciones y a los ciudadanos.

Balears ya no es el paradigma de riqueza y sus empresas tienen cada vez más dificultades para ser competitivas en los mercados exteriores. Hay que reclamar con más contundencia un modelo justo que no lastre el futuro de nuestra sociedad.