La Encuesta de Condiciones de Vida –elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)– revela datos preocupantes referidos a Balears: un 30,9 por ciento de la población de las Islas no puede pagar gastos imprevistos y tampoco puede disfrutar de una semana de vacaciones fuera de su domicilio. Al mismo tiempo, constata que el número de personas en riesgo de exclusión ha aumentado: un 17,6 por ciento de los ciudadanos de las Islas, o sea, más de 200.000 personas, se halla en situación de pobreza extrema al crecer la precariedad.

La economía, basada en una actividad turística de temporada y, por tanto, estacional, se ha reactivado, pero el resultado no es el mismo para todos. Aquella afirmación de que nadie quedaría atrás no se cumple, porque la salida de la crisis no se produce en igualdad de condiciones y la mejoría de la economía no tiene la transversalidad anunciada. Además, hay que añadir el impacto de la inflación. La subida de los precios afecta a aspectos tan esenciales como son los combustibles, la energía y la alimentación. Disminuye el poder adquisitivo y cae el consumo. El recurso a los ahorros acumulados es una posibilidad que no tienen al alcance todos los ciudadanos, y es una opción temporal. La macroeconomía no puede tapar las dificultades y la precariedad del día a día de muchas familias sin recursos.