Para alcanzar un acuerdo en la negociación del próximo convenio de hostelería, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, propugnó ayer en Palma un «pacto de rentas y beneficios con una clara estrategia de buscar un equilibrio» que implique a empresarios y sindicatos. Una propuesta que se inscribe en el pacto que reclama el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para responder a la inflación y abrir un escenario de entendimiento entre los agentes sociales.

En la última reunión de la mesa de diálogo social, celebrada el 6 de julio, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, propuso un acuerdo hasta 2025 que implique una «moderación» tanto de las rentas salariales como empresariales. Desde entonces no se han producido avances significativos. Pero el pacto de rentas seguirá bloqueado mientras no vuelva a reunirse, en septiembre, la mesa de diálogo social.

Habrá que flexibilizar y aproximar posturas en cuestiones que ahora están enrocadas en posturas enfrentadas, como la incorporación de cláusulas de revisión salarial, aspecto calificado de imprescindible por los sindicatos y rechazado por los empresarios. Corresponde al Gobierno impulsar y concretar los contenidos del pacto de rentas, lo que implica definir las tasas de crecimiento para evitar tensiones sociales y un ‘otoño caliente’.