El plan de ahorro energético para reducir el consumo tras la invasión rusa de Ucrania, aprobado en forma de decreto por el Gobierno el 1 de agosto, llega mañana al Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está inmerso en una complicada negociación para obtener los apoyos parlamentarios, que ahora no tiene garantizados, y convalidar el decreto. En caso contrario, decaerá.
Las medidas diseñadas por la ministra Teresa Ribera no convencen a los socios de investidura: PNV, ERC y Bildu expresan sus discrepancias al no haberlo negociado previamente con las autonomías. Desde los escaños de la oposición PP y Ciudadanos -que califica el texto de «chapuza» y acusa al Gobierno de actuar de manera «absolutamente soberbia»- anuncian su voto en contra. La formación liderada por Alberto Núñez Feijoo manifiesta su rechazo, pero abre la puerta a apoyarlo si el Ejecutivo elimina lo que califica de «frivolidades» e incorpora propuestas del PP.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, declara que este plan no es «una ocurrencia del Gobierno», sino el resultado de las decisiones acordadas en la Unión Europea. En una cuestión que afecta a la sociedad y la economía de España, el Gobierno ha de dialogar para obtener un amplio apoyo parlamentario que garantice la eficacia y la aplicación de unas medidas que deben ser fruto del acuerdo político.
