El último dato sobre el Indice de Precios al Consumo (IPC) en España registra un incremento del 10,5 por ciento, que en Balears llega hasta el 10,7 por ciento. Una inflación tal alta tiene efectos directos sobre la economía de las familias y las empresas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y al penalizar el consumo. La actual espiral en el alza de precios provoca inquietud y gran preocupación.

Primero fue la energía, que hoy sigue desbocada, y ahora ya impacta de lleno en la cesta de la compra y en los productos de primera necesidad. Las comparaciones en el área de la alimentación son demoledoras porque los datos confirman la enorme pérdida de poder adquisitivo de la familias, y de manera muy especial los colectivos más vulnerables, sin que se vislumbre una reducción de la espiral inflacionista.

Mientras que el conflicto bélico en Ucrania no quede resuelto, y no lo será a corto ni medio plazo, es preciso arbitrar medidas conjuntas en el seno de la Unión Europea para actuar en un escenario que crea tensiones sociales, precariedad y desigualdades. Topar precios, revisar la fiscalidad, buscar alternativas de suministro, eliminar normativismo obsoleto, aplazar la aplicación de exigencias medioambientales, etc. Propuestas que deben ser valoradas y aplicadas con rapidez para salvar un trance tan complicado.