El Gobierno de coalición PSOE-Podemos acepta el modelo de la Unión Europea para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas, con un tipo todavía por determinar y que se aplicará durante cuatro meses. Al mismo tiempo renunciará a su propuesta para gravar la facturación durante dos años. La fórmula de la UE cuenta también con el apoyo del Partido Popular.
La iniciativa aprobada por el Parlamento Europeo a propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, supone un avance en la fiscalidad común europea, aunque, es más un objetivo que una realidad. La lentitud con la que se aplican las normativas comunitarias -un ejemplo paradigmático es la ‘tasa Google’- abre el escepticismo sobre su eficacia. Los intereses divergentes de los países miembros ralentizan la aplicación de un marco común en materia fiscal en la Unión Europea.
Los cambios fiscales que quiere introducir la UE son un camino ideal para mostrar la eficacia de las instituciones europeas siempre que se reflejen en el recibo de los consumidores, ahogados por una inflación galopante que merma su capacidad adquisitiva y lastra la competitividad empresarial. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de contrarrestar un alza de los precios de la energía y que las empresas del sector no sean las únicas beneficiadas.
