El maltrato infantil registrado en Balears, con 2.288 casos contrastados durante el 2022, constituye un grave y preocupante problema. Son episodios de violencia física y psíquica, negligencias o directamente abuso sexual a menores; todo ello a un ritmo de 26 denuncias diarias. Unos datos que deberían encender todas las alarmas y priorizar el problema en todos los frentes.
Nos hallamos ante un claro fracaso social en las Islas, con medidas insuficientes para atajar unos comportamientos inadmisibles en cualquier ámbito. Es preciso aplicar protocolos de prevención y control más eficaces que los actuales, mejorar la coordinación institucional y dotar estos servicios con los recursos necesarios. Es un problema muy complejo cuyas soluciones no son sencillas, pero estos obstáculos no deben demorar la adopción de acciones contundentes para atajar esta lacra social. La reiteración de estos comportamientos requiere de campañas en las que se tome conciencia del rechazo que generan, porque hay sectores que todavía mantienen una visión depredadora más propia de tiempos pasados.
La cooperación de los profesionales del mundo de la educación o de la asistencia social para revertir este escenario está fuera de toda duda, pero también es preciso un marco jurídico diferente al actual y, por supuesto, el apoyo del conjunto de la sociedad.
