El informe de la Oficina Anticorrupción sobre el presunto fraccionamiento de contratos por parte del IME para el pago de las tareas de coordinación de las DEM, por un importe de 53.000 euros, cuestiona la forma de adjudicar determinados trabajos a miembros del mismo Institut Menorquí d’Estudis e interpela a los responsables políticos del Consell sobre su gestión.
Lo que debería haber sido un concurso de pública concurrencia para encargar un trabajo importante como las Directrices Estratégicas de Menorca, en realidad ha sido un encargo directo al jefe de la sección de Ciencia por el importe máximo permitido de 15.000 euros y durante cinco años una prórroga tácita con el pago de otras facturas presentadas. No hay una vía penal abierta por esta investigación de Anticorrupción, pero el informe está sobre la mesa de la presidenta del Consell, del Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes y los propios responsables del IME.
Parece evidente que a raíz de las irregularidades detectadas por la Oficina Anticorrupción, el propio Institut, para preservar el prestigio y el valor de sus objetivos, deberá aplicar los cambios necesarios para actuar con mayor transparencia y conforme a la ley.
