Editorial11/04/23 4:00
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El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española han cerrado un acuerdo por el que la Iglesia pagará a los ayuntamientos dos impuestos de los que estaba excluida por los Acuerdos con la Santa Sede. La Iglesia renuncia a la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de contribuciones especiales, que, en su conjunto, pueden suponer unos 16 millones de euros anuales. Este acuerdo, que se inspira en el principio de no privilegio y no discriminación, equipara el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro. El nuncio Bernardito Aúza destaca que esta exoneración es buena para la Iglesia al evitar la sospecha de privilegio fiscal. En términos similares se pronuncia el ministro Félix Bolaños.

La Constitución Española establece la aconfesionalidad del Estado, pero no determina su laicidad. Dispone que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». En este marco el Gobierno valora y entiende la labor de la Iglesia como beneficiosa para el conjunto de la sociedad. El Gobierno y los obispos han de continuar esta fecunda relación de diálogo y entendimiento, desde el respeto a la plena autonomía de ambas partes, en un contexto de libertad religiosa.