Corresponde al Govern imponer sensatez ante los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar la demanda de viviendas a precio asequible en España. Un problema social que afecta de una manera muy especial a Balears sin que hasta el momento se haya actuado con eficacia.
De las grandilocuentes cifras iniciales sobre el reparto del fondo inmobiliario de la Sareb, el llamado ‘banco malo’, se ha pasado a la realidad de solo un centenar de pisos que podrá adquirir el Govern. La propuesta de Sánchez sobre las viviendas de la Sareb esconde el compromiso obligado de adquisición por parte de las autonomías y ayuntamientos, a quienes no se les consultó el plan. Los técnicos del Govern determinarán la idoneidad de cada una de las adquisiciones. La gestión de fondos públicos obliga a exigir solvencia en estas operaciones.
Abaratar el precio de la vivienda es un objetivo que debería quedar al margen del oportunismo electoralista, la cuestión tiene un enorme calado social y las soluciones requieren la implicación tanto de las instituciones como de promotores y constructores; los factores que inciden son múltiples. Todas las iniciativas que se lancen sin alcanzar un acuerdo previo están condenadas al fracaso o a convertirse en meros parches temporales, algo que no se tiene del todo claro desde el Gobierno central.
