Las exigencias de Vox para apoyar la investidura de la candidata del PP, Marga Prohens, y formar parte del Govern incluye la derogación de leyes que han sido aprobadas con amplio consenso político y social. Pretender la supresión de la ley de normalización lingüística o la de dignidad de las víctimas durante la Guerra Civil, ambas aprobadas por unanimidad en el Parlament, expresa la voluntad de la formación que dirige Jorge Campos para imponer la voluntad de su partido, con 8 diputados, frente al resto de formaciones en una Cámara que cuenta con 59 escaños.
El indudable avance electoral logrado por los seguidores de Santiago Abascal en las Islas no justifica la imposición de su programa hasta el extremo de pretender la claudicación de sus socios; y menos en cuestiones tan esenciales como la defensa de la lengua catalana o la dignidad de los asesinados durante la Guerra Civil. Otro tanto podría decirse con el cierre de IB3, cuyos medios de comunicación públicos emiten en catalán casi toda su programación. La matemática parlamentaria exige alianzas para lograr las mayorías, que implica al PP y Vox por los resultados del 28-M. La búsqueda de espacios de coincidencia exige a los dirigentes de ambos partidos sensatez, sentido común y responsabilidad institucional; es imprescindible desterrar el sectarismo porque siempre fracasa.
