Este pasado sábado -coincidiendo la transición del Govern encabezado por Francina Armengol al que presidirá Marga Prohens- la Comunitat Autònoma asumió las competencias de Costas y Litoral, que incluyen las concesiones y la vigilancia de la zona de dominio público marítimo-terrestre.
En noviembre pasado, la presidenta Armengol y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, firmaron el acuerdo para transferir a Balears estas materias con el objetivo de atender una reclamación histórica de Balears, una región insular que carecía de capacidad de gestión y decisión en el litoral. Pero, como advierte El PI, es una transferencia incompleta, porque el Govern gestionará las concesiones, impondrá sanciones y tramitará las autorizaciones, aunque el Gobierno central se reserva el derecho para cobrar el canon por ocupación de instalaciones en la zona litoral. Como denuncia esta formación política, «las Balears tendrán que hacer el trabajo y el Estado se llevará el dinero».
El Estado, además del cobro de este canon, también mantiene la decisión final sobre las concesiones así como la planificación de los proyectos y las obras de interés general. Este acuerdo para el traspaso de Costas y Litoral a Balears debe ser revisado al incumplir el Estatut d’Autonomia. Una cuestión de calado que deberá abordar sin demora el Govern que forme Marga Prohens.
