Editorial19/07/23 4:00
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El sistema de recogida de residuos puerta a puerta, aprobado por el anterior equipo de gobierno del Consell, que se aplica en los municipios de Ciutadella, Ferreries y Sant Lluís, se ha convertido en una fuente de problemas y quejas. Donde se registra un mayor malestar es en el municipio de Poniente, lo que ha llevado a la alcaldesa Juana Mari Pons a exigir medidas urgentes al Consell, de quien depende el Consorci de Residus de Menorca, para acabar con las deficiencias y el malestar que está ocasionando. Pero el Consell tiene las manos atadas por el contrato que suscribió la institución insular durante el anterior mandato con la UTE Menorca Selectiva, a la que adjudicó la recogida selectiva.

A la compleja situación administrativa se añade que la empresa adjudicataria está desbordada, y no puede cumplir con las prescripciones por la falta de  medios así como al no contar con los chóferes necesarios para garantizar este servicio, cuya puesta en marcha acumula un gran retraso, con los municipios de Es Mercadal, Alaior y Es Migjorn donde aún no ha empezado. En definitiva, una patata caliente sobre la mesa del presidente Dolfo Vilafranca que reclama una solución eficaz e inmediata.