EditorialMenorca13/11/23 4:01
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Esta semana, el miércoles y jueves, se celebrará el debate de investidura de Pedro Sánchez tras los pactos que el Partido Socialista ha negociado y cerrado con Sumar, EH Bildu, ERC, BNG, Junts, PNV y Coalición Canaria. Con estos apoyos, el secretario general del PSOE se garantiza la reelección con 179 votos a favor frente a 171 en contra. La expectación está centrada ahora en el alcance de la Ley de Amnistía exigida por Junts a Sánchez para que los siete diputados de Puigdemont se sumen al bloque de la investidura. Una ley, cuyo contenido aún se desconoce y que provoca el rechazo de los interventores y auditores del Estado, las asociaciones de jueces y fiscales, abogados del Estado, diplomáticos, policías, guardias civiles e inspectores de Hacienda y Trabajo.

El Partido Popular protagonizó ayer una demostración de fuerza al movilizar a miles de personas en las capitales de provincia para expresar su frontal repulsa a la Ley de Amnistía. En esta cuestión de la máxima trascendencia, que tensiona las costuras del Estado de Derecho, es preciso hablar claro. Por ejemplo, ¿cuál será la función de ‘unas comisiones que va a haber en el Congreso de los Diputados’, a las que alude el PSOE?, ¿a quiénes beneficiará la Ley de Amnistía?, ¿acepta el PSOE celebrar el referéndum de autodeterminación que reclama Junts? y ¿será vinculante su resultado?