Editorial27/11/23 4:01
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Con el propósito de obligar al uso institucional del castellano y promover las modalidades insulares del mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense, Vox registró el 21 de septiembre en el Parlament una proposición de ley para crear y regular la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. Las reacciones que provocó esta iniciativa consistieron en el desmarque del PP, que desautorizó el texto; el rechazo en bloque de los partidos de la oposición; y la advertencia de la Obra Cultural Balear. «Si se llega a aprobar esta proposición de Vox, se abriría una oficina de persecución contra los catalanoparlantes», afirmó la OCB. Ahora el partido de Santiago Abascal retira este proyecto por sus incoherencias jurídicas, que lo convierten en inaplicable.

El vicepresidente Costa declaró que «no habrá ningún texto que se apruebe en el Parlament que no cumpla el Estatut d’Autonomia». Cuando las lenguas cooficiales ya tienen rango legal en el Congreso, Vox insiste en crear en Balears organismos de control y vigilancia. Las islas, comunidad bilingüe, con una lengua propia, que ha de ser protegida por su condición de minoritaria, no ha de entrar en una dinámica de crispación y ruptura de consensos. Corresponde al PP templar los impulsos de Vox para aplicar criterios de sentido común, con inteligencia, respeto y tolerancia.