Balears -junto con Madrid y Catalunya- aporta más al Estado de lo que recibe. Las Islas envían al Gobierno central, vía impuestos, 3.248 euros por habitante, mientras que solo reciben 2.910 por cada ciudadano, lo que provoca un saldo negativo de 334 millones de euros. El archipiélago está mal financiado al no ver compensados los sobrecostes de la insularidad y sale perjudicado con el vigente sistema de financiación autonómica, cuya reforma sigue pendiente desde 2014.
El vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, afirmó ayer que, además de la población ajustada, en el caso de Balears también se debe valorar el crecimiento de la población, el alto coste de vida, la población flotante, y especialmente, el hecho insular. La reivindicación de una nueva financiación, que sigue atascada, es compartida por todas las formaciones políticas. Iago Negueruela, conseller de Modelo Económico en el Govern Armengol y hoy en la oposición, afirmó en Valencia en diciembre de 2022, que el actual modelo está «caducado, perjudicial y no funciona». La ministra María Jesús Montero demora la reforma de la financiación al no definir ninguna propuesta. Balears no puede continuar en esta situación, al aportar más de lo que recibe, y soportar unos costes de insularidad que pagan las empresas y las familias.
