Por primera vez, un agente de la Guardia Civil de Balears se ha inscrito en el Registro Civil como mujer acogiéndose a la ‘ley trans’, que impulsó la exministra de Igualdad Irene Montero. La aplicación de esta ley en los cuerpos policiales no está exenta de polémicas y algunas voces alertan de que en los próximos meses se pueden registrar otros casos de agentes que se declaran mujeres y que pueden darse fraudes de ley.
Lo cierto es que la mujer entró en la Benemérita hace casi 36 años, pero su presencia en las plantillas todavía, hoy, es minoritaria. Hay cerca de un doce por cien del funcionariado policial que son féminas, pero se trata de una cifra pequeña en comparación con otras empresas o administraciones públicas. Tampoco hay que olvidar que en la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército el número de mujeres que ostentan cargos y funciones de mando es mejorable. La ‘ley trans’ es una herramienta válida para combatir las humillaciones que podía sufrir en el pasado este colectivo, y las injusticias históricas que el Gobierno debía reparar. Ahora bien, su aplicación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad requiere de unos protocolos previos que deben estar perfectamente delimitados para evitar fricciones y tensiones en las plantillas. Es una adaptación a los nuevos tiempos, tan necesaria como demandada por la sociedad.
