El Parlamento Europeo rechazó anteayer por amplia mayoría la directiva que regula la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales. La Eurocámara aprobó asimismo varias enmiendas que plantean que en un plazo de tres años queden suprimidas las excepciones a la jornada de 48 horas por semana.
La contundente negativa parlamentaria a la extensión de la jornada laboral choca no obstante con la resistencia de los gobiernos de varios países que propugnan la flexibilidad horaria para mejorar los índices de productividad. Cierto es que la oposición a las 65 horas significa un avance en el reconocimiento de los derechos sociales del trabajador, pero la división en la UE es una prueba más de los obstáculos existentes para construir la Europa social. Por otro lado, la decisión del Parlamento Europeo quiere expresar de algún modo la voluntad de allanar el camino a la conciliación de la vida familiar y laboral, un objetivo de difícil consecución en una sociedad cada vez más estresada. La crisis económica, finalmente, es otro factor que no ayuda en la reivindicación de unas condiciones de trabajo que no excluyan los intereses familiares.
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