De por qué es tan intensa la crisis económica en España

Como veremos, la depresión, además de por la incidencia de la crítica coyuntura internacional, es fruto también de profundas deficiencias estructurales de la economía española, no imputables sólo a los últimos gobiernos, aunque estos sí tienen la responsabilidad de no haber previsto o resuelto, como los anteriores, las contingencias reales subyacentes a la economía española y son responsables de las medidas anti-cíclicas que se vayan adoptando. Quiero señalar que para el enfoque de una adecuada política frente a la crisis o depresión es fundamental conocer las causas y como surgieron los graves desequilibrios en cuestión. Las líneas que siguen responden modestamente a dar cuerda a este planteamiento; también se pretende que los ciudadanos ganen elementos de juicio en torno a las explicaciones sobre las causas de la crisis.
Lo preocupante de la crisis española es su notable mayor intensidad respecto al resto de Europa, lo cual hará que la recuperación aquí sea más lenta: Habrá más tejido que recomponer y los mecanismos revisten poca elasticidad para encontrar soluciones; además, España no cuenta con una economía suficientemente diversificada, con un potente sector industrial, al estilo de Alemania, Francia o Norte de Italia.

¿Por qué es tan frágil la economía española? La cosa viene de largo. La industrialización de este país se hizo con sectores en parte tradicionales, que algunos de ellos no resistieron la crisis del petróleo (siderurgia y construcción naval) y reposando en las holgadas remesas de los emigrantes y en los ingresos del turismo; después de 1973, el saldo de cuenta corriente arrojó ya un déficit (-4.294 millones de dólares, 1976). Los gobiernos de UCD afrontaron correctamente el problema de la inflación y de la Balanza de Pagos, al tiempo que enfocaron las exigencias de ganar competitividad en las empresas públicas y privadas. Durante el primer gobierno socialista, el ministro Boyer diseñó una política adecuada a medio y largo plazo para alcanzar este objetivo; pero en 1985 al ser aceptado el ingreso de España en la Comunidad Europea, la política económica experimentó un giro importante. Aumentaron las inversiones directas de capitales europeos en este país, pero se dirigieron a sectores de demanda débil (creció el déficit en electrónica e instrumentos de precisión) y desde 1992 la peseta experimentó ataques especulativos.

La libertad de movimientos de capital fue incompatible con tipos de cambio fijos, con bandas de fluctuación cambiaria de la peseta. Entonces, después de la expansión 1986-1991, fruto de la integración, España perdió el tren de la reconversión industrial. Para recuperar la economía se recurrió a la devaluación de la peseta en 1992-1993, con efectos positivos, aunque limitados, desde 1994; y los sucesivos gobiernos, sobre todo el primero de José María Aznar, se dispusieron, con preferencia, a que la economía española cumpliera los requisitos de convergencia aprobados en Maastricht (1992) para poder entrar a formar parte del nuevo sistema monetario europeo, cuya moneda única, el euro, iba a acabar con las especulaciones monetarias en el seno de la Comunidad Europea.

La política económica española desde mediados de los años de 1990 respondió a la doctrina de las expectativas racionales y la estabilidad monetaria fue el requisito preeminente para asegurar el crecimiento económico, concretándose los objetivos gubernamentales en tipos de interés bajos, reducción de deuda pública, descenso de la deuda externa, reducir el gasto público sobre el PIB y eliminar el déficit presupuestario (la nivelación se alcanzó privatizando las empresas públicas); se dejó las inversiones empresariales al socaire del mercado, consecuencia de la salud dineraria y estuvo ausente una política eficaz de fomento de la innovación tecnológica para aumentar la productividad total a niveles competitivos, lo cual fue un grave error de todos los gobiernos; con todo, España, mediante los logros alcanzados en la pretendida convergencia en los niveles monetarios, se puso a la cabeza de Europa en saneamiento financiero y su ritmo de crecimiento le acercó de modo paulatino a los niveles medios de indicadores económicos de la Unión Europea, incluso la tasa de desempleo fue acercándose hasta igualarse en septiembre del 2006. Los servicios de intermediación financiera internacional ofrecieron a los agentes españoles los recursos necesarios que se concentraron, sobre todo, en la construcción, en el automóvil y en el predominio consolidado del sector terciario. Es probable que en estos sectores España goce de explícitas ventajas comparativas respecto a otras áreas; desde luego en el Turismo está probado que las tiene.

Como balance final, tenemos una escasa diversificación de la economía española y un descomunal e insólito déficit exterior, coadyuvante de que la grave crisis financiera internacional haga estragos en la débil estructura económica de España. Resultado de ello es el actual ritmo de desempleo galopante, muy superior aquí al de cualquier otro país avanzado: Se puede llegar a tasas de paro del 20 por ciento de la población activa, que no olvidemos fue el nivel de desempleo que España tuvo en los años de 1980/1990 (en 1993 se rozó el 25 por ciento de paro). Se ha corrido mucho para llegar al mismo estado relativo de hace veinticinco años. Está claro que la reconversión industrial, la innovación tecnológica y la productividad son asignaturas pendientes en España.

No quiero entrar en estas líneas a valoraciones críticas de la política gubernamental. Simplemente destaco que con recursos escasos se impone la conveniencia de adoptar acciones muy selectivas ya que el endeudamiento progresivo conduce a más de lo mismo a escala exponencial. En este sentido habría que buscar beneficio de las ventajas comparativas del Turismo como leading sector para el crecimiento de la economía española, potenciando inversiones y medidas destinadas a mejorar la productividad de las muy diversas actividades turísticas, fomentando sinergias intersectoriales; además, teniendo en cuenta las carencias atávicas de innovaciones tecnológicas, se impone decantar con prioridad manifiesta recursos para inversiones en Educación, en concreto aquellos dedicados a la Investigación universitaria, extensiva al mundo empresarial. Entiendo que son más problemáticas las decisiones del gobierno en el plan de choque, donde hay que precisar los tiempos respecto a los recursos disponibles; pero no es posible continuar hoy con una política fiscal expansiva y se impone la concentración inversora en aras de sacar rendimiento a los recursos cada vez más inexistentes.