El campo ha levantado su voz con energía ante el empeoramiento de las condiciones que registra el desarrollo de su actividad y la pérdida de expectativas de futuro. La feria de Alaior ha sido el detonante del malestar dirigido contra la Administración en su calidad de interlocutor y gestor de la crisis, singularmente aguda en el ámbito de la especialización láctea. La tensión ha alcanzado un grado preocupante, alimentado por precedentes cercanos y, sobre todo, por la ausencia de diálogo constructivo y conciliador.
Las exigencias de la Unión Europea respecto a la actividad agraria han generado como contrapartida una política de ayudas que el tiempo ha convertido en elemento de salvaguarda del sector primario. Se ha consolidado así una tendencia de colaboración en la que se hace imprescindible el diálogo entre la Administración y las organizaciones agrarias. En el conflicto actual se aprecia una evidente disconformidad con los criterios de las ayudas establecidos por la Conselleria, pero no resulta extraño tampoco el deterioro que ha sufrido la relación entre ambas partes. Hay, en efecto, razones enfrentadas y derechos incuestionables cuya puesta en común ha de hallar forzosamente un camino de entendimiento.
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