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Sufro como isleña sobrevenida la dependencia del transporte aéreo para poder realizar desplazamientos de toda índole y la polémica intermitente sobre los perjuicios de dicha dependencia, rayana a menudo en esclavitud, que protagonizan, lamentablemente, casi en exclusiva los partidos políticos. La resignación nos acompaña en la planificación de nuestros vuelos, como lo hace la condición de residentes, la falta de conexiones o de tarifas justas. Como en otros, en el debate sobre la solución del problema parece que el principal escollo radica en saber quién debe hacerse cargo de la factura, si el Estado, el Govern o el Consell. No sé muy bien cómo ni por qué se olvidan quienes esgrimen este argumento que es indiferente que sea la administración estatal, autonómica o local la que lo haga porque lo hará con los impuestos de todos, entre ellos los míos. Sé que esta afirmación peca de ingenua si se tiene en cuenta la "paraeta" de la que nos hemos dotado, corregida y aumentada tras tres décadas de democracia, pero no por ello deja de ser radical y abrumadoramente cierta, ¿o no?