Racionalizar el despilfarro autonómico

Debería de haber sido positivo el hecho de acercar al ciudadano parte de la gestión administrativa que afecta a su vida personal. Para eso se diseñó ese Estado de las Autonomías. La realidad sin embargo no siempre ha conseguido plasmar en realidades las expectativas creadas.

Hace pocos días el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado un estudio sobre la realidad del funcionamiento de las autonomías visto desde la efectiva experiencia de estos años. El resultado, pertinente especialmente en estos momentos en que la coyuntura económica nos obliga a repensar nuestro nivel de vida, no puede ser más clarificador. Bajo la pregunta de "Tal y como se ha desarrollado el sistema, ¿es bueno para el ciudadano o el coste del Estado autonómico es excesivo?". Ha sido la propia Rosa Díez quien ha respondido que el problema no es el modelo sino su evolución que "no se ha desarrollado de forma eficaz y eficiente".

El estudio compara los recursos que se gastan en su propio funcionamiento y los recursos que gestiona. Se estudia el personal empleado y los costes de funcionamiento.

Los costes superfluos, es decir los innecesarios "sin menoscabar el servicio a los ciudadanos", se han disparado hasta tal punto que, con datos irrefutables, se cuantifica el despilfarro en más de 24.000 millones de euros anuales (un 2,3% del estudio del PIB), cantidad aproximadamente equivalente al servicio de la deuda. Pormenorizando, la principal sinrazón detectada es la duplicación superflua de organismos preexistentes, sin beneficio alguno para el ciudadano Así, se han creado a nivel autonómico multitud de defensores del pueblo, sindicaturas de cuentas, defensores del menor, consejos consultivos, institutos de estadísticas, consejos de turismo, institutos de meteorologías diversos, embajadas autonómicas, televisiones autonómicas, etc. etc.

Para satisfacer la voracidad de esas autonomías en su loca carrera desbocada hacia el despilfarro sin fin, no se han tenido reparos en institucionalizar gastos inútiles que no hacen sino aumentar y profanar esos presupuestos públicos autonómicos. Las autonomías emplean además, y también, a la mitad de los funcionarios públicos mientras gestionan el 35% del presupuesto.

Se recuerda como simple ejemplo del despilfarro reinante que, mientras el BOE ha dejado de imprimirse en papel, los boletines oficiales de todas las instancias administrativas autonómicas representan todavía actualmente 800.000 páginas diarias con, naturalmente, su correspondiente coste de impresión.

Dentro de un caos organizativo proliferan los organismos, hay duplicidades evidentes, gastos excesivos y falta rendición de cuentas.

Mientras ni el PP ni el PSOE tienen al parecer ninguna intención de reconducir ni rectificar esta situación que les beneficia a ambos en su intento por complacer a todos los compromisos adquiridos en sus respectivos feudos autonómicos, UPyD piensa que este modelo autonómico desenfrenado se ha convertido en un "gravísimo lastre" para la economía del país y que lejos de ayudar a su recuperación, la impide y la agrava".

"La descentralización política y administrativa del Estado puede haber sido un gran acierto del modelo constitucional español de 1978. Sin embargo es manifiesto que no hemos sido capaces de mantenerlo en los límites de la racionalidad, de la austeridad y de la gestión cabal de los recursos públicos".

Frente a quienes afirman que estas desviaciones son irreversibles, deberíamos de utilizar la crisis actual para poderlo reconducir. El despilfarro no sólo no contribuye al bienestar colectivo sino que engendra, en gran medida, el desprestigio que hoy afecta a la política en nuestro país.