Grecia se aprieta el cinturón y una de sus medidas para ahorrar es la reducción del número de entidades municipales, de 1.300 a 340. La noticia refuerza una tesis que sostengo desde hace tiempo: sobran administraciones y en Balears, en Menorca, esto es algo especialmente lacerante. No es razonable que en un territorio que apenas supera el millón de habitantes convivan un Govern, cuatro consells y 67 ayuntamientos.
La media es escalofriante: una administración pública para cada 15.000 habitantes, sin contar Gobierno central y UE. Demasiado. En Menorca el tema es más grave. Nueve ventanillas, una para cada 11.250 habitantes, y cada institución pública con sus cargos electos remunerados, sus asesores, sus secretarios, sus administrativos, sus ordenanzas, sus jefes de prensa, sus sedes, sus oposiciones, sus plenos, sus subvenciones, sus servicios de limpieza, sus membretes, sus líneas telefónicas. La administración pública es necesaria y tiene que ser fuerte, eficaz y, cómo no, lo más cercana posible al ciudadano.
No obstante, esta premisa es en demasiadas ocasiones una coartada para acabar generando despachos sobredimensionados o superfluos, además de un reparto competencial más liante que resolutivo. Lo mejor sería que esto se arreglara como algo razonable antes que tener que hacerlo como algo impuesto y perentorio.
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